Boletín no. 27

Como muchos de nosotros sabemos, el pasado 13 de abril, la asamblea legislativa del estado fronterizo de Arizona aprobó la Ley SB1070, (la cual fue firmada por la Gobernadora de dicho estado el 23 de abril), que según las autoridades locales de dicho estado busca fomentar la seguridad interna y nacional a través del control de los flujos migratorios, en este sentido lo que dicha ley estipula es que la migración de personas ya no será una falta administrativa, sino que será una falta mayor y por ende se comparara con un delito, ocasionando con lo anterior la criminalización de las y los migrantes.

                Ahora bien, estas líneas no están dirigidas a analizar a detalle y profundidad la Ley SB1070 (a todas luces racista, xenófoba, y fascista) que criminaliza la migración,  sino que estas líneas giran en torno a reflexionar como afectará está ley a las juventudes mexicanas que se arriesgan a cruzar la frontera hacia Arizona. Quisiéramos comenzar mencionando que con base en datos del CONAPO el total de mexicanos en Estados Unidos (migrantes y de segunda y tercera generación) para 2007, era de 30.3 millones de personas, de las cuales los migrantes mexicanos de edad entre los 15 y 29 años representaban el 28.6%, mientras que los migrantes de 0 a 14 años de edad representaban el 7.3%, es decir, estamos hablando que infantes y jóvenes migrantes a la Unión Americana suman 35.9% del total de migrantes para 2007.

                Una de las preguntas importantes sería ¿Por qué migran las y los jóvenes?, en este sentido se podría argumentar que las razones son amplias y diversas, sin embargo hay un común denominador, y este refiere a que las y los jóvenes no encuentran en su propio país oportunidades de desarrollo, es decir, se migra porque se busca una mejor condición de vida. Lo anterior nos lleva a la premisa de que en México no hay un respeto al conjunto de derechos humanos que les son inherentes a las y los jóvenes, en cambio, pareciera que hay una actitud complaciente del Estado Mexicano frente a esta falta de acceso a los derechos humanos y por ende a la migración.

                Lo anterior que acabamos de anotar es fácil demostrarlo, en la actualidad no hay oportunidades laborales para las y los jóvenes, datos de investigaciones de especialistas mencionan que gran parte de las y los jóvenes considerados “ni-ni”, son jóvenes que han terminado sus estudios de licenciatura y que no han encontrado oportunidades de empleo, en este mismo sentido gran parte de las y los jóvenes que integran a estos llamados “ni-ni”, son jóvenes que no encuentran oportunidades educativas, es decir, aquí hay una comprobación evidente de que los derechos humanos de segunda generación no se están respetando (derecho al trabajo y derechos a la educación).

                En lo que respecta a los derechos de primera generación, la situación de las y los jóvenes tampoco es nada alentador ya que gran cantidad de jóvenes están completamente excluidos de poder participar en la toma de decisiones, ya que no se identifican, ni pertenecen a algún instituto político, así mismo el acceso a la justicia se vuelve tortuoso y en muchos casos contraproducente ya que cuando se quiere acceder a la justicia (estado de derecho), la marginación es la característica con la que se topan de forma inmediata (por lo mismo mencionamos que los derechos civiles y políticos tampoco se respetan).

                Si ya en México, en su país natal, la comunidad política no puede asegurarle a las y los jóvenes las condiciones mínimas para poder acceder a ejercer sus derechos humanos, motivo por el cual las y los jóvenes que representan el 35.9% del total de migrantes deciden dejar sus lugares de residencia, sus familias, amigos/as, así como sus tradiciones e identidad, ahora con la Ley SB1070 las y los jóvenes mexicanos que ingresen a territorio americano por el estado de Arizona serán considerados criminales, y lo importante no es buscar otro lugar para acceder al país vecino, es decir, lo importante no es desplazar los flujos migratorios clandestinos a estados donde no se criminalice la migración, lo importante es promover el desarrollo económico, social y político en México para que la infancia y juventud no tengan que migrar.

                Desde nuestro punto de vista resulta impostergable atender la problemática de la falta de atención de las instituciones competentes en materia de juventud, así como del conjunto de instituciones que componen la comunidad política llamada México, ya que lo que se evidencia es que los derechos de las y los jóvenes están siendo relegados, en muchos casos, por temas frívolos, sin importancia, banales e improductivos, pero que buscan mantener ciertas prácticas o procesos de exclusión general y beneficio particular.

                En México, en los 31 estados y en los 2445 municipios se requieren de políticas públicas que atiendan, aborden y resuelvan verdaderamente las problemáticas a las que se enfrentan las y los jóvenes, se necesitan políticas que consideren a las y los jóvenes como sujetos de derechos y no como un botín político, se necesita de jóvenes verdaderamente comprometidos con el empoderamiento juvenil y conocedores de las problemáticas. Basta de jóvenes en puestos de toma de decisiones públicas lambiscones, sumisos y aduladores.

                 La Ley SB1070 criminaliza la migración y lamentablemente más del 30% de migrantes mexicanos hacia Estado Unidos son jóvenes.

COLECTIVO JUVENTUD ENTRE TULES A.C.

http://www.juventudentretules.org/

cojetac@hotmail.com 

Integrantes del

CONSEJO TULTITLENSE DE LAS JUVENTUDES

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