Las sociedades actuales se caracterizan por su compleja configuración de roles. En el ámbito público, es decir aquel que compete a la mayoría de los actores sociales, dicha complejidad es aún más notoria. La  multiplicidad de perspectivas impide la uniformidad de posturas incluso respecto a problemas comunes.

Podemos decir que los problemas presentes en las sociedades de hoy, incluidas las latinoamericanas, son sumamente heterogéneos en su tipología e implicaciones; algunos son preocupaciones permanentes otros son realidades de emergencia; algunos son de inminente y obvia resolución otros desbordan la capacidad de respuesta del gobierno; algunos son propios de la tarea estatal otros se desarrollan en el límite de extracompetencia legal del Estado[1]. Cada problemática exige, por otra parte, respuestas diferenciadas del aparato gubernamental; regulación, desregulación intervención, penalización, despenalización, mayor o menor libertad de diligencia ciudadana, entre muchos otros.

Sin embargo, la capacidad de atención de los gobiernos es limitada; la cantidad de asuntos que reclaman su atención rebasan su facultades y recursos. Ninguna institución, independientemente de su tamaño y competencia, puede atender por completo los asuntos que preocupan a los ciudadanos. Incluso a nivel municipal la complejidad de la vida en comunidad hace imposible tratar todos los problemas de forma satisfactoria, más aún, hace muy poco probable abarcar la mayoría de las problemáticas.

La discriminación de las problemáticas

Por ello existe dentro del aparato estatal una jerarquización de asuntos. Las instituciones fijan su rumbo a parir de la elección de las problemáticas que han de atender. Ese proceso es conocido como formación de la agenda gubernamental (en algunos contextos es conocida como agenda institucional o formal), esta etapa es fundamental en el proceso decisorio público, ya que permite, esencialmente, la clasificación de dichos asuntos, para su posterior análisis, atención y tratamiento estatal, todo ello, por su puesto, con el objeto de una decisión pública racional y efectiva.

Por otra parte, es común que el listado de los asuntos que el gobierno ha seleccionado como prioritarios y merecedores de su atención sea un proceso permeable a intereses y posturas especialmente en contextos en transición y consolidación democrática.

En este sentido, una comunidad puede compartir una o varias problemáticas pero no necesariamente coinciden respecto de éstas. Un caso que ha cobrado notoriedad en los últimos años en América Latina son la problemáticas en torno a los jóvenes. Se sabe que este sector de la sociedad afronta un conjunto de inconvenientes sociales, sin embargo poco o nada se coincide respecto a la seriedad, implicaciones y potenciales soluciones en la materia.

La discrepancia en las perspectivas

En México por ejemplo, los diferentes sectores de la sociedad civil organizada, los grupos de académicos y el gobierno en sus diferentes niveles discrepan en la definición, delimitación y tratamiento de las problemáticas juveniles. Dicha situación es particularmente grave ya que se traduce en la ausencia de cursos de acción hacia la problemática. Existen, incluso, contradicciones institucionales; es común que en la Cámara de Diputados un grupo  parlamentario proponga un recurso legislativo a favor de los jóvenes, pero al ser políticamente contrario al gobierno del estado sea bloqueado por la Cámara de Diputados Local o refutada por algún programa implementado a nivel municipal.

Sin embargo ante la incapacidad del aparato gubernamental para desarrollar soluciones los esfuerzos de la sociedad civil a nivel local resultan valiosos. Los ciudadanos organizados pueden, en este tipo de contexto cautivos, intervenir a favor de soluciones diferenciadas. La comunidad participativa es proclive al reconocimiento puntual de sus problemáticas y a la exigencia de la intervención del gobierno.

El Ayuntamiento y la sociedad organizada: una posible salida

En México, una de las bondades de la figura del Ayuntamiento es su extrema sensibilidad para el reconocimiento de los problemas de la comunidad. Pese a ser las que menos facultades y recursos tienen el presidente municipal y los miembros del cabildo son las figuras de gobierno más cercanas al ciudadano, por encima de los diputados. Estas figuras locales pueden contribuir a posicionar una problemática específica en la agenda de otros niveles de gobierno e instituciones. Así, la valía de la sociedad organizada es la definición de los problemas, la valía de la figura del Ayuntamiento es el posicionamiento de los asuntos en la agenda y la valía de esta combinación es el impulso de soluciones a problemas locales.

Lo anterior junto con el aprovechamiento de las figuras de participación ciudadana son un buen primer paso para convertir a las instancias municipales en un cauce de solución de problemas a nivel local.

La importancia de la objetividad administrativa

De ahí la importancia de no politizar las dependencias municipales en la materia. En el caso especifico de los municipios de la zona metropolitana del Distrito Federal, algunos gobiernos municipales han entregado, en sentido estricto, estas instancias como recompensa a los grupos jóvenes que los apoyaron durante el proceso electoral. Son un botín al final de la campaña. Eso es políticamente común, pero administrativamente aberrante. No hay soluciones en ese contexto, y más aún ello puede agravar las problemáticas, ya que, por ejemplo, contribuiría al bloqueo y desecho de soluciones que sean factibles pero ajenas a la instancia municipal competente o al grupo de poder a cargo de dicha instancia .

En conclusión, la capacidad de los ciudadanos organizados para concertar potenciales soluciones en temas concretos, como el de los jóvenes, es superior a la capacidad de negociación entre las instancias y niveles de gobierno. Por ello es importante que estas soluciones sean integradas al proceso decisorio público a través de la instancia más sensible a las preocupaciones ciudadanas, es decir el Ayuntamiento. Bajo esa lógica es necesario agotar todos los instrumentos de participación ciudadana a nivel local. Finalmente las instancias de gobierno tendrán una capacidad de respuesta real en razón de su objetividad administrativa, de lo contrario  solo contribuirán a agravar la problemática.

 Eduardo León  Correa

Comisión de Derechos Humanos de las Juventudes

COJETAC

 


[1] Cfr, .Aguilar Villanueva, Luis F.. Estudio Introductorio en: “Agenda Pública y Agenda de Gobierno” Ed. Miguel Ángel  Porrúa. México, 1993 p.23

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