1968 es un año algaido y definitorio. Es un punto de ruptura en la construcción de la democracia mexicana. Pero 1968 es, ante todo, un año sintomático; un botón de muestra del funcionamiento sistema político mexicano de aquellos años y de la naturaleza del partido político abrigado en él durante décadas.

Pese a significar una vorágine de pasiones y puntos de vista acalorados y parciales, los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco ofrecen una radiografía objetiva de la lógica del partido en el gobierno. Y hay, en esta radiografía, un hilo conductor perfectamente definido: el autoritarismo.

Desde entonces, se han suscitado fenómenos como el surgimiento de la “sociedad civil” a partir de los sismos en 1985 en la Ciudad de México, la organización ciudadana en contra del fraude electoral en 1988, la irrupción armada zapatista en 1994, la victoria electoral de la izquierda en la capital del país en 1997 y los movimientos en defensa del carácter público de la universidad nacional en 1987 y 1999 que le han restado autoritarismo al sistema político mexicano. Finalmente en el año 2000 el hartazgo de sociedad mexicana hacia el partido de Estado se tradujo en “la alternancia del poder”. En este proceso el llamado “voto joven”, es decir el sufragio de jóvenes de entre 18 y 30 años que optó en las urnas por una alternativa diferente al partido tradicional fue decisivo.

A partir de ahí, el otrora partido omnipresente se replegó al ámbito local pero continuó con su lógica de gobierno  y ha, en consecuencia, continuando ejerciendo su autoritarismo, ejemplos de ello existen en abundancia, pero el caso del Estado de México es de particular delicadeza. No es exagerado afirmar que el Estado de México tiene un rezago político de al menos 40 años.

Los habitantes del Estado de México no han conocido, jamás, otro gobierno distinto al PRI. Al igual que para los mexicanos de 1968, para los mexiquenses de hoy las palabras transición, democracia o alternancia no poseen sentido alguno. En términos de Giovanni Sartori, el Estado de México mantiene un sistema “autocrático” donde gobiernan siempre los mismos. Ello, sin embargo, no se debe a los éxitos de las administraciones priístas sino a su poder de coerción y capacidad para generar irregularidades electorales.

Algunos indicadores son claros en este sentido: la Tercera Encuesta sobre Inseguridad (2010) señala que el Estado de México es el estado de la republica más inseguro, ocupa también, el primer lugar en feminicidios superando, incluso, a Ciudad Juárez; con base en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el Estado de México (2009) ocupa el segundo lugar en recaudación fiscal pero el lugar 18 de en calidad de vida, es decir, gobierno rico pueblo pobre; por otro lado, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (2010) el Estado de México es el estado con mayor rezago en el índice de corrupción y buen gobierno, el segundo estado con mayor deuda directa y mayor riesgo de la deuda y el segundo estado con menor participación en las elecciones.

Pero el autoritarismo priísta va más allá. En mayo de 2006, la protesta de un grupo de ejidatarios del municipio de San Salvador Atenco, fue brutalmente reprimida por las fuerzas de seguridad estatal, resultando, de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 290 detenidos, 2 jóvenes muertos, 16 quejas por abuso sexual y 7 por violación. Tal como sucedió en 1968 en Tlatelolco, en 2006 en San Salvador Atenco el gobierno priísta concentró toda la fuerza del Estado en la persecución violenta de sus opositores.

Respecto a la situación de los jóvenes en el Estado de México es, también, similar a la de los jóvenes en México hace 40 años. No obstante a que en esta entidad vive casi la cuarta parte de los jóvenes del país (22%), aproximadamente 6 millones de personas, el presupuesto de la instancia estatal destinada a esta franja poblacional equivale apenas a la decima parte del gasto en imagen pública del gobernador Enrique Peña. El Instituto mexiquense de la Juventud tiene un presupuesto anual de 15 millones 785 mil pesos, mientras que, de acuerdo al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, el gobernador destina 130 millones de pesos al año en promover su imagen.

Por otra parte, en septiembre de 2010 el gobernador del estado promovió en la Cámara de Diputados Local una ley que prohíbe las candidaturas comunes, con el proposito de impedir que los partidos de oposición tengan representación a nivel local. Del mismo modo que hace 40 años, el partido oficial estructura contrarreformas electorales que comprometen, seriamente, los avances democráticos en el estado.

Sin duda, el proyecto priísta en el Estado de México no ha sido exitoso. Los indicadores señalan que los mexiquenses sostienen a un aparato de gobierno costoso y poco eficiente, pero que dado su autoritarismo no ha permitido la alternancia. El Estado de México es un nítido ejemplo de un gobierno antidemocrático, consecuentemente, es posible concluir que a más de 40 años de distancia la lógica de gobierno de este partido se mantiene intacta.

Eduardo León Correa

Anuncios