Presentación

Sin lugar a dudas, uno de los temas que por su impacto mediático está en la discusión de los medios de información y en los círculos académicos, es el referido a la atención o des-atención hacia las mujeres, ya que en la actualidad varios son los procesos sociales, políticos, económicos y culturales que no han permitido plenamente su desarrollo.[1]

Dentro de la gama de estudios y reflexiones innovadoras que vienen realizando tanto la academia como los tomadores de decisiones están los presupuestos orientados a franjas poblacionales especificas o los presupuestos con perspectiva de género, los cuales han abierto una beta de análisis y una propuesta de inclusión de las demandas inmediatas de la población y por ende un fortalecimiento de la propuesta de (re)diseño de políticas públicas de abajo hacia arriba.

En el presente opúsculo se realiza una pequeña reflexión sobre la importancia de profundizar en la exigencia de derechos de las mujeres, en este sentido el argumento respalda la necesidad de fomentar y alentar los presupuestos con perspectiva de género poniendo énfasis en que las políticas públicas deben de estar permeadas por principios éticos y responsables de atención de las necesidades de las franjas poblacionales más vulnerables.

Mujeres, Presupuesto y Democracia

Hoy día, los estudios y trabajos especializados referidos a la temática de género no son cosa nueva, en el debate actual, el tema de la atención a la mujer y por ende su desarrollo destaca entre varias cuestiones que aun limitan el desarrollo pleno de las comunidades, sin embargo aun cuando dicho tema es recurrente en las discusiones de corte político y aun cuando en la academia se ha popularizado su estudio y difundido varios programas especializados en la temática del género y de la mujer, aun hace falta un trabajo profundo para poder nivelar el desarrollo pleno de las mujeres, las cuales han sido a lo largo del tiempo una de las franjas poblacionales mas relegadas y discriminadas.

          Al revisar la literatura especializada en el tema del género, nos damos cuenta que una gran parte de las reflexiones y análisis de las especialistas nos remiten a trabajos que por su profundidad analítica y propuestas concretas servirían para diseñar de forma adecuada políticas públicas dirigidas a la mujer, en donde la premisa que atraviese toda su formulación y diseño debiera de ser la perspectiva de género, sin embargo, no siempre dichas propuestas son atendidas, entre otras cosas por los costes políticos que muchas veces acarrea tomar decisiones enfocadas a franjas poblacionales que tienen poca influencia en el ámbito político.

          Una de las exigencias que el movimiento feminista ha enarbolado a lo largo de su existencia, y que ha sido el referente de encuadre sociopolítico para movilizaciones de exigencia de derechos, refiere a la necesidad de empoderar a la mujer  en los puestos claves de toma de decisiones, para que desde allí, las féminas puedan defender y profundizar los derechos humanos, así como la implementación de la equidad de género en la elaboración de las políticas públicas.

          Es por lo mismo que en la actualidad uno de los ámbitos en donde las mujeres han encontrado un avance significativo -derivado de la exigencia de derechos- es el político, ya que en todos los institutos políticos se han reformado sus documentos rectores para tratar de nivelar la relevancia de los géneros en su accionar, así mismo se ha modificado la normatividad federal para exigir que los partidos políticos niveles la participación de los géneros en sus candidaturas a  puestos de elección popular.

          Sin embargo las reformas en el ámbito político no han sido tan satisfactorias y provechosas para las mujeres ya que si miramos la constitución del Congreso Federal en términos relativos al género, veremos que aun se siguen presentando inequidades y desigualdades entre mujeres y hombres, un par de datos me permitirán evidenciar dicha inequidad, para el caso de la Cámara de Senadores de 128 escaños, sólo 25 son ocupados por mujeres lo que representa el 19.5% del total; mientras que para la Cámara de Diputados la situación no es diferente, ya que de 500 curules, las mujeres sólo ocupan el 28% del total, es decir, ocupan sólo 140 escaños.

          Ahora bien, si en uno de los ámbitos más fuertes de trabajo y exigencia, las mujeres no han podido alcanzar a ver satisfechas sus demandas, en otros ámbitos la situación no es diferente; los casos más ilustrativos del mantenimiento de las inequidades se puede verificar en el ámbito laboral, educativo e incluso familiar. Y si en estos campos de acción, se evidencian las fuertes inequidades, en lo referente a los presupuestos con enfoque de género la situación es aún más preocupante, ya que en el diseño de las políticas públicas existe aún un déficit de atención que priorice las necesidades más inmediatas de las franjas poblacionales que históricamente han sido excluidas y relegadas, como son las mujeres.

          Es importante tener presente que las propuestas de presupuestos participativos con perspectiva de género son un hecho político, ya que implican un debate e incluso un combate en el campo político para la inserción de las exigencias de las mujeres en la agenda pública o institucional (Vargas; 2001). En este sentido, la batalla por reivindicar partidas presupuestales federales, estatales o municipales que atiendan y tengan en mente las necesidades de las mujeres, profundiza y fortalece los procesos socio-políticos de desarrollo y crecimiento compartido, lo cual se traduce en un ensanchamiento de los valores y principios democráticos.

          Por lo mismo, varias son las ventajas que las comunidades e incluso los gobiernos de los tres niveles alcanzan al reivindicar éticamente los presupuestos participativos con perspectiva de género, ya que como bien comenta Vargas, dichos presupuestos no están propiamente dirigidos a atender a la mujer, sino que están dirigidos a resaltar y reflexionar sobre la importancia que tiene el entramado social de los roles, las responsabilidades, las capacidades y las diferencias socioculturales que determinan tanto a hombres como a mujeres.

          Y si bien un presupuesto participativo con perspectiva de género potencia el desarrollo, principalmente de las mujeres, dicho proceso político profundiza y refuerza actividades que por su naturaleza, son características inherentes del mismo régimen político democrático,[2] como la participación amplia y activa de la población, la reflexión racional, el debate colectivo, el empoderamiento ciudadano, el respeto al disenso y la creación de consensos,  la rendición de cuentas, e incluso el ejercicio y la exigencia de mecanismos típicos de la democracia directa, como el plebiscito, referéndum o la consulta popular. Lo anterior en pocas palabras nos encamina a la propuesta respecto a que los presupuestos con perspectiva de género se enmarcan en el debate-proceso de la reforma del Estado (Vargas; 2001).

          Así que hablar de presupuestos con perspectiva de género, es hablar de un cambio de paradigma socio-político, el cual tiene como base la aspiración de un cambio estructural. Dicho cambio por ende, también incide directamente en la forma en cómo se diseñan e implementan las políticas públicas federales, estatales o municipales,  ya que no basta con reflexionar en términos focalizados las problemáticas que enfrentan segmentos de la población,[3] sino de lo que se trata es de diseñar agendas de gobierno éticas, incluyentes y responsables con las necesidades más inmediatas de la población,[4] las cuales no se pueden conseguir, ni implementar exitosamente sin presupuestos etiquetados y correctamente bien utilizados.

          Por lo mismo, una de las aspiraciones de las mujeres es reducir y eliminar lo que se denomina “ciudadanía pasiva” (que pareciera que los gobiernos de los tres niveles se empañan en mantener) lo anterior para fomentar la incursión de la mujer en los espacios públicos de decisión con miras a acortar las brechas ciudadanas, como son las brechas de participación directa de las mujeres en los asuntos políticos y económicos.

          Ahora bien, si contextualizamos los debates, movilizaciones y exigencias que las mujeres mexicanas han posicionado en la agenda de gobierno respecto al fomento de la equidad e igualdad de género, así como el empoderamiento de la mujer, veremos que aunque el abanico de propuestas e ideas es bastante enriquecedor, el aporte (político y económico) de los gobiernos (de los tres niveles) no se corresponde con los aportes desde la sociedad civil, el ejemplo más paradigmático es verificar como el presupuesto federal para fomentar la equidad e igualdad de género ha ido disminuyendo.

          En lo que respecta al presupuesto para fomentar y fortalecer la transversalización de la perspectiva de género, en lo que va de la actual administración ha habido una reducción descomunal continuada respecto al presupuesto que se utiliza para promover la equidad de género, ya que de 2007 a 2011 ha habido una reducción presupuestal para el tema en cuestión  en 67.86 por ciento. Y aunque en el 2011 se presenta un aumento presupuestal respecto al 2010 en lo que se refiere a la equidad de género, los años anteriores evidencian decrementos.[5]

  Conclusiones

En la actualidad, varias son las franjas poblacionales que por su magnitud demográfica han cobrado una relevancia importantísima, como ejemplo tenemos a las juventudes y las mujeres; para el caso de las primeras el bono demográfico ha llegado a su histórico más alto, para el caso de la segunda, con base en datos del Censo de Población y Vivienda del 2010 del INEGI indica que el 51.2 % son mujeres,[6] de lo anterior la relevancia de profundizar en la reflexión y análisis de la forma en la cual se atienden sus exigencias y necesidades.  

            Por lo mismo, los presupuestos orientados y los presupuestos con perspectiva de género son una herramienta necesaria  y fundamental para conseguir sociedades más justas, ya que permiten derribar ideas arcaicas que defendían la elaboración de presupuestos a partir de un conocimiento experto y excluyente, en este sentido, el diseño y elaboración de presupuestos en donde se incluye necesariamente a la población (mujeres o jóvenes por ejemplo) profundiza prácticas ciudadanas de consulta y participación directa, fomentando con ello tanto el empoderamiento de los grupos que han sido considerados “vulnerables”, como el fortalecimiento democrático de las propias instituciones.

          La reducción del presupuesto federal a la atención, fomento y desarrollo de la equidad e igualdad, así como a la transversalización de género demuestra el poco interés y respeto que los gobiernos tienen hacia los asuntos de las mujeres, ya que junto a la disminución de los dineros para atender sus necesidades más inmediatas, se legisla en contra de sus derechos y de la posibilidad de tomar decisiones sobre sus propio cuerpo.

 Soc. Víctor Daniel García

COJETAC

 

Referencias Bibliográfica

  • Vargas, Virginia. Transparencia y rendición de cuentas: Los presupuestos sensibles al género en América Latina. UNIFEM, Perú, 2001.
  • Vizcarra Borde, Ivonne. La institucionalización de la equidad de género en el Estado de México y la economía política feminista. Revista Convergencia, UAEM, septiembre-diciembre 2002, número 30.
  • Carlín Rosas, Leonardo. Presupuestos públicos sensibles al género en México. Convergencia, Partido Político Nacional, México, 2006.
  • <www.inegi.org.mx/>

[1] De relevancia resulta indicar que la mujer como concepto de análisis encuentra diferencias con base en su situación económica, el contexto geográfico en el que habita, su edad o condición social, por ende en este ensayo se entenderá a la mujer a partir de su condición biológica.

[2] Fortalecen el régimen político democrático porque responden a nuevas prácticas ciudadanas de participación socio-política permeadas por valores como el respeto, la tolerancia, la inclusión, o no discriminación.

[3] No solamente las mujeres, sino también los infantes, los adolescentes, las juventudes o las personas ancianas.

[4] En la literatura especializada en políticas públicas, se comenta que los asuntos que llegan a la agenda de gobierno o institucional son en su mayoría “asuntos políticos” que pocas veces responden a las necesidades inmediatas de la población y en cambio responden a pagos políticos.

[5] Para el año 2007 el presupuesto federal para equidad y género fue de $18,336,151,541; para 2008 fue de $3,867,477,987; para 2009 fue de $ 5,010,770,916; para 2010 fue de 4,467,108,942 y para 2011 es de $5,893,278,929.

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