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Contexto_actual_delas_mujeres_jovenes -PDF-

 

A cuatro años de cumplirse las metas contempladas en los  Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas, dentro de las cuales se contempla “elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los jóvenes de todo el mundo la posibilidad real de encontrar un trabajo digno y productivo” y “promover la igualdad entre los sexos”, las y los jóvenes mexicanos tenemos una crisis de expectativas, causada por un conjunto de amenazas, riesgos, simulaciones y peligros que día con día minan nuestras expectativas de alcanzar un futuro caracterizado por el desarrollo y crecimiento compartido ya que hay una ausencia de políticas públicas estructurales destinadas específicamente a las y los jóvenes en materia como la seguridad social, la educación o el empleo.

Por lo mismo hoy en día el tema de las juventudes ha cobrado una relevancia sin igual, derivado de lo anterior la institucionalidad competente en la materia se ha engrosado, en este sentido, la creación de los institutos, carteras, departamentos, coordinaciones o jefaturas de juventud en los municipios es cosa común, es decir, desde un punto de vista formal la “atención” a las y los jóvenes pareciera que se está presentando, sin embargo la realidad es otra, ya que dichas instancias de atención de juventud se han utilizado como agencias de colocación para hijas e hijos de políticos prominentes de los municipios donde se crean, es decir se han utilizado con fines eminentemente políticos fomentando  el nepotismo y el amiguismo(el caso que mejor conozco es el del Municipio de Tultitlán).[1]

En México, tristemente no existe una normatividad a nivel federal que proteja y vele por los derechos de las y los jóvenes, en este mismo sentido, a nivel nacional sólo 12 estados de la República cuentan con Leyes Locales de protección de los derechos de las juventudes (la Ley de la Juventud del Estado de México es de apenas del mes de agosto de 2010),[2] aunado a lo anterior el gobierno mexicano no ha querido ratificar la Convención Iberoamericana de Juventud firmada el 11 de octubre del año 2005 (en España), principalmente por dos cuestiones; la referida a los derechos sexuales de las juventudes y a la objeción de conciencia de las y los jóvenes en lo referente al servicio militar.

 

En este sentido, la falta de certidumbre sobre el futuro al cual nos enfrentaremos, ocasiona que una proporción considerable de jóvenes se inserten en el mejor de los casos, en la economía informal –paralegalidad- (con su consecuente precarización de derechos laborales) y en el peor de los casos en las bandas del crimen organizado –no legal-.[3]

Sonia Salazar Perez

Secretaria General

COJETAC


[1] A inicios de 2010 el IMJUVE fue observado y vigilado a detalle por las  irregularidad y prebendas que algunos familiares del personal directivo del instituto obtenían.

[2] Los estado de la República que han legislado normatividades locales de protección a los derechos de las juventudes son: Chiapas, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, Morelos, Tamaulipas  y Tlaxcala.

[3] Con base en estimaciones aportadas por OSC para octubre de 2010 de las más de 28 mil muertes vinculadas al crimen organizado (datos oficiales) en la “lucha contra el crimen organizado”, 1200 eran de niño/as y jóvenes.

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