Manual para el re-conocimiento de DERECHOS HUMANOS LABORALES

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derechos humanos laborales, Derechos Laborales, Jóvenes, Mujeres trabajadoras

El presente manual está dirigido a mujeres trabajadoras/obreras de la maquila, con el objetivo de brindar información y herramientas mínimas para el conocimiento de sus derechos humanos laborales, además de pretender ser un material didáctico que posibilite el inicio de un proceso de documentación sobre la situación de sus derechos en el ámbito cotidiano y espacio de trabajo.

Su contenido tiene como objetivo introducir al conocimiento de los derechos laborales desde la perspectiva de los derechos humanos y género, a fin de promover la formación y participación de colectivos de mujeres en defensa de sus derechos humanos, en especial de aquellas cuyas condiciones laborales, la mayoría sustentadas en el sistema sexo – género, las han sumido en la precariedad y vulneración de sus derechos fundamentales. En este sentido, consideramos que es primordial incentivar la organización de colectivos de mujeres para (in)formarse y de esa manera lograr la conquista y ejercicio de los derechos que les garanticen el acceso a una vida plena a través de un trabajo decente y justo.

Manual para el re-conocimiento de Derechos Humanos Laborales -PDF-

Derechos Humanos de las Trabajadoras de la Maquila en la región Tepeji del Río – Atotonilco de Tula, Hidalgo

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Derechos Laborales, Fondo Semillas, Mujeres trabajadoras

El documento final de sistematización que se presenta, expone algunas de las vivencias, testimonios, observaciones, voces y reflexiones, que derivaron de la implementación del proyecto “Derechos Humanos de las Trabajadoras de la Maquila en la región Tepeji del Río – Atotonilco de Tula, Hidalgo”, el cual fue realizado gracias al apoyo y acompañamiento integral de Fondo Semillas, organización feminista que, desde nuestro punto de vista, tiene la acertada decisión de confiar en organizaciones pequeñas, de base que están trabajando en la promoción y exigibilidad de los derechos de grupos de mujeres excluidos, discriminados e invisibilizados.

En este marco, con la implementación del proyecto en comento se consiguieron dos grandes resultados: (1) realizar un diagnóstico integral de las condiciones bajo las cuales, las mujeres realizan sus actividades laborales en la región Tepeji del Río – Atotonilco de Tula, esto implicó observar todos los aspectos de la vida social, las cuales marcan, sin lugar a dudas, las políticas laborales y de exigibilidad de derechos en la región, las carencias estructurales y laborales a partir de las cuales las mujeres construyen sus biografías, así como recuperar la voz de mujeres que tienen una relación directa con la industria textil en la región, en cuanto a este punto, también resulta oportuno mencionar que aún y cuando el tema de las mujeres en la maquila no es reciente, COJETAC logró observar que no existía un diagnóstico como el que se presenta aquí para el caso de la región abordada; (2) se han colocado las bases para la puesta en marcha de un proceso organizativo formal de mujeres trabajadoras de la maquila, el cual podría detonarse, si se mantiene el acompañamiento en un periodo de mediano plazo; con esto se podría profundizar en la defensa de los derechos humanos laborales, los cuales en la región, son muy poco garantizados por las empresas y muy poco disfrutados por las personas trabajadoras.

Es importante mencionar que los resultados que aquí se exponen no hubieran sido posibles sin la participación activa de las mujeres trabajadoras, así como, de las mujeres líderes de opinión de la región que aceptaron ser entrevistadas y que, para el caso de algunas de ellas, se integraron de manera activa a las actividades que se enmarcaron en el proyecto.

Así mismo, nuestra Organización se fortaleció y el proyecto se benefició de las charlas y encuentros que Fondo Semillas impulsa para compartir experiencias institucionales y de campo con otras Organizaciones que están en la defensa de los derechos humanos de las mujeres. La visita que se tuvo en nuestras oficinas por parte de integrantes de Fondo Semillas y de la Fundación C&A (financiadora) también fue un aliciente importante para continuar por el camino marcado en la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras de la maquila en la región Tepeji del Río – Atotonilco de Tula, en el Estado de Hidalgo.

Sólo resta indicar que los nombres de las trabajadoras entrevistas se han cambiado por motivos de seguridad a sus personas y para que no sean anotadas en las famosas listas negras; mecanismo empresarial a través del cual se “ficha a las trabajadoras que reivindican sus derechos” y con lo cual, la parte patronal previene y controla cualquier tipo de cuestionamiento a los lineamientos de las empresas del ramo textil.

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Apuntes sobre el renovado estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles

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Derechos Humanos, Dia Internacional de las Juventudes, Jóvenes, Juventudes

En el año 2010, a propuesta del gobierno Calderonista, se llevó a cabo en nuestro país la Conferencia Mundial de Juventud México, la cual buscó ser un espacio para generar insumos que sirvieran de guía y de discusión para la Conferencia Mundial de Jóvenes auspiciada por la ONU, la cual se llevaría a cabo un año después, es decir, en el año 2011. En aquella Conferencia llevada a cabo en León Guanajuato, de la cual hay recuerdos encontrados derivados de la desorganización con la que se llevó a cabo, del perfil bajo de quienes participaron y por la intromisión de no pocos grupos conservadores, que ocasionaron un cuestionamiento fuerte al Gobierno Federal y a la instancia organizadora, el IMJUVE, por la poca seriedad y lo oneroso del evento, el cual ascendió, según datos de la instancia organizadora a $77,653,680[1].

Derivado de los trabajos llevados a cabo del 25 al 27 de agosto de 2010 por más de 300 delegados/as de 106 países, se identificaron 61 prioridades que los gobiernos debían atender en favor de las personas jóvenes, las cuales servirían para potenciar los itinerarios y las trayectorias de los sujetos juveniles en todos los ámbitos de acción. Como era de suponerse, para el caso de México los años pasaron, las administraciones se sucedieron y los avances en favor de las poblaciones juveniles se estancaron, se olvidaron, se diluyeron o definitivamente se cancelaron completamente. Las 61 prioridades, quedaron para un mejor tiempo.

En el contexto mexicano post-Conferencia Mundial de Juventud, las política públicas dirigidas a las poblaciones juveniles permanecieron intactas en su diseño, esto es, siguieron careciendo de enfoque de derechos humanos, de juventudes y de inclusión; en cambio, fueron pensadas bajo enfoques de amiguismo, clientelismo, manipulación y estigmatización (Rodríguez, 2014); las personas que las implementaban resultaban ser operadores políticos que coaccionaban la participación juvenil; sus resultados eran medidos a partir de campañas publicitarias onerosas y no a partir de indicadores de eficacia y eficiencia en torno al mejoramiento y bienestar de las poblaciones juveniles. Estos rasgos característicos de las políticas públicas juveniles  neoliberales agudizaron la violencia y la exclusión hacia la gente joven, ocasionando con esto un imaginario colectivo negativo[2] y un contexto estructural altamente riesgoso y peligroso para las generaciones jóvenes.

Aún y cuando los gobiernos en turno gastaban onerosas cantidades monetarias en campañas publicitarias, en concursos que lejos estaban de coadyuvar a generar contextos estructurales de desarrollo para las poblaciones juveniles, y en eventos de corte internacional para aparentar atención a los sujetos jóvenes, la realidad que enfrentaba dicha población etaria estuvo marcada por la omisión estructural de los tres niveles de gobierno; gracias a lo anterior, se vivieron experiencias aterradoras como la masacre de Villas de Salvárcar en el año 2010 en donde 15 jóvenes estudiantes fueron asesinados por ser confundidos como rivales de un grupo del crimen organizado en Ciudad Juárez Chihuahua, no hay que olvidar que a estos jóvenes estudiantes el gobierno calderonista los revictimizó llamándolos despectivamente “pandilleros”[3]; otro hecho que evidenció la desatención de los gobiernos en turno hacia las poblaciones juveniles, fue la ejecución extrajudicial que llevaron a cabo elementos del ejército nacional en contra de dos destacados jóvenes estudiantes del Tec de Monterrey en el año 2010, los cuales de nueva cuenta fueron confundidos con integrantes del crimen organizado y a los cuales se les “sembraron” armas para aparentar un enfrentamiento con los cuerpos castrenses.

Para evidenciar fehacientemente el estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles, el primero de diciembre del año 2012 otro hecho deja ver que la administración federal entrante seguiría con las políticas públicas de mano dura y estigmatización de las expresiones críticas por parte de las poblaciones juveniles, aquel día se vivió una represión brutal en contra de cientos de ciudadanos, en su mayoría jóvenes que se oponían a la toma de protesta de Enrique Peña Nieto, quien a través de sumas importantes de dinero, había “ganado” la elección presidencial. No hay que olvidar que en días previos a la fecha en comento, en la Ciudad de México se vivió un verdadero estado de sitio, en donde se utilizaron todos los recursos punitivos para apuntalar un tipo de régimen político cuestionado por una amplia franja de la población mexicana.

En el sexenio peñanietista, la desatención y represión hacia las poblaciones jóvenes no terminaría en el inicio de su gobierno, sino al contrario, se intensificaría a niveles similares a los vividos en la época de la guerra sucia, basta recordar la matanza de 22 civiles a manos de cuerpos castrenses en el municipio de Tlatlaya, Estado de México; o la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en donde, de nueva cuentas, instituciones del estado mexicano estuvieron coludidas con expresiones locales del crimen organizado en el Estado de Guerrero; el sexenio de Peña también marcó un hito en cuanto al tema del feminicidio, en donde de nueva cuenta, fueron las mujeres jóvenes, quienes en mayor medida enfrentaron esta violencia por la falta de estrategia y políticas públicas dirigidas a prevenirla y atenderla.

El listado de hechos que vivieron las poblaciones juveniles posterior a la tan pregonada Conferencia Mundial de Juventud México, evidenció que dicha actividad vacua y onerosa lejos de servir para repensar el diseño e implementación de las políticas públicas juveniles, sólo fue una acción mediática aislada y de simulación que no contribuyó a fortalecer los itinerarios y trayectorias de los más de 30 millones de sujetos juveniles que habitan en México. El derramamiento de sangre de cientos de jóvenes, a los que algún presidente llamó “daños colaterales”, evidenció que en el modelo neoliberal la población etaria juvenil era prescindible, lo anterior se intensificaba dependiendo de la condición económica y racial de la persona joven; este contexto marcado por el derramamiento de sangre explícito e injustificado (Valencia, 2016), dio pie a la construcción del concepto de juvenicidio (Valenzuela, 2015), el cual hace referencia al contexto de vulnerabilidad económica y social que vive la población juvenil y que por ende precariza sus vidas al extremo de desaparecer sus libertades y sus vidas.

Por lo mismo, resulta oportuno revisar, aunque aún no termina este sexenio, una de las políticas gubernamentales que se está llevando a cabo por el actual gobierno federal, con miras a observar si es que hay una continuidad en torno a la manera de conceptualizar a las poblaciones juveniles y de “diseñar” políticas públicas juveniles, o si se alcanzan a mirar cambios en el diseño e implementación de los cursos de acción dirigidos a las y los jóvenes mexicanos.

Sin lugar a dudas la política pública juvenil por excelencia del actual gobierno es el denominado Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, no obstante, del catálogo de políticas de gobierno que se han ido implementando en el actual sexenio, en algunas de las mismas, lo que se alcanza a apreciar es que los enfoques de juventudes y derechos humanos se van sumando de manera integral, sistemática y escalonada, con lo cual, se puede inferir que el estilo de gobernar hacía las poblaciones juveniles es completamente diferente.

Para el caso del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, más allá de las cifras numéricas, que por sí mismas son destacables, se puede decir que es una política pública juvenil que sobresale por contener las “estructuras adecuadas” (Bendit, 1998) necesarias para incidir y modificar de manera positiva sobre las biografías de las poblaciones juveniles[4]. Como primer aspecto a destacar, hay que mencionar que actualmente la plataforma digital del programa, tiene registrados a 493,934 jóvenes de entre 18 a 29 años, de ese total, 287,351 son mujeres jóvenes, en tanto que 206,585 son hombres[5]. Con base en información de CONEVAL (2020) durante el primer año de operación, el Programa atendió a 1,120,543 jóvenes.

Otro aspecto a destacar es lo referente al monto económico que el Programa ha invertido de manera directa en las poblaciones juveniles: para el año 2019 el presupuesto fue de 23,915 millones de pesos, en tanto que para el 2020 el presupuesto aprobado para el programa fue de 24,956 millones de pesos (CONEVAL, 2020), esto, sin lugar a dudas, es un cambio sustancial en la manera de atender a las poblaciones juveniles, ya que en lugar de basar la intervención gubernamental sobre “concursos” y eventos onerosos, vacíos y superfluos, el recurso económico se ha invertido en proporcionar una beca económica de manera directa para capacitar a sujetos jóvenes y así fortalecer sus trayectorias laborales, las cuales pueden adoptar modalidades diversas en función de los itinerarios adquiridos previamente por los mismos sujetos juveniles (Casal, García, Rafael, & Miguel, 2006).

Por otro lado, otro elemento destacable del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro es la diversidad de opciones que existen para la formación y/o adquisición de experiencia laboral de las poblaciones juveniles; con base a los itinerarios que las juventudes participantes han adquirido, se pueden insertar a sectores productivos diversos, tanto del ámbito público, privado y/o social, en diferentes niveles formativos, con lo cual no sólo se fortalecen las organizaciones en donde participan, sino que también adquieren amplia experiencia para el apuntalamiento de sus trayectorias laborales; como se puede observar, las estructuras adecuadas están perfectamente alineadas en favor de la política avanzada de juventud (Krauskopf, S/I) del actual gobierno, la cual entiende a las poblaciones juveniles como sujetos activos para el desarrollo de la sociedad.

El cambio de gestión en torno al estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles puede ser corroborado al revisar el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, ya que en el mismo documento rector de la administración federal se encuentran integrados (Balardini, 2000) varios programas dirigidos a las poblaciones juveniles, destacando, sin duda, el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual refleja a final de cuentas, la importancia que tienen las poblaciones juveniles actualmente en México.

Para finalizar, es importante indicar que aún y cuando el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una serie de oportunidades de mejora que han sido observadas por el CONEVAL (2020), es destacable no sólo por el diseño mismo de la política pública, sino porque permite observar el concepto de juventudes que opera de base para el actual gobierno, esto es, para la actual administración, el estilo de gobernar hacia las poblaciones juveniles se basa en entenderlos como sujetos de derechos, como actores fundamentales para construir un país basado en la inclusión, el desarrollo integral y la igualdad, por lo mismo las políticas públicas dirigidas a este sector están pensadas con y desde las juventudes, ya que su fundamento político descansa en un régimen político democrático, este aspecto, a final de cuentas, las diferencia de los anteriores regímenes de corte conservador y autoritario, en donde las políticas eran pensadas para y por la juventud.

Víctor Daniel García

@g2vick

Bibliografía

Balardini, S. (2000). De los jóvenes, la juventud y las políticas de juventud. Última Década, 11-24.

Bendit, R. (1998). Juventud y políticas de juventu entre la sociedad civil y el Estado: la problemática de las estructuras adecuadas. En P. Hünermann, & M. Eckholt, La juventud latinoamericana en los procesos de globalización. Opción por los jóvenes (págs. 323-354). Buenos Aires: ICALA, FLACSO y EUDEBA.

Casal, J., García, M., Rafael, M., & Miguel, Q. (2006). Itinerarios y trayectoria. Una perspectiva de la transición de la escuela al trabajo. Trayectorias, 9-20.

CONEVAL. (2020). Evaluación de diseño con trabajo de campo del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro 2019-2020. México: CONEVAL.

Krauskopf, D. (S/I). Desafíos en la construcción e implementación de las Políticas de Juventud en América Latina. S/I: Mimeo.

Rodríguez, E. (2014). Con P de Políticas de Juventud. México: Miguel Ángel Porrúa.

Valencia, S. (2016). Capitalismo Gore. México: PAIDÓS.

Valenzuela, J. M. (2015). Juvenicidio. Ayotzinapa y las vidas precarias en América Latina y España. España: Ned Ediciones; ITESO; COLEF.

[1] Información proporcionada por la Dirección de Finanzas del Instituto Mexicano de la Juventud como respuesta a la solicitud de información 1131800002611 del 08/03/2011 hecha por el autor de este artículo.

[2] El estilo de gobernar neoliberal hacia las poblaciones juveniles los conceptualizaba como: delincuentes en potencia; faltos de experiencia; buenos para nada; daños colaterales; desinteresados en el futuro. Este imaginario colectivo difundido y construido por agencias estatales y medios de comunicación inmorales retiraba a la estructura gubernamental toda responsabilidad de las condiciones precarias objetivas e históricas en las que las poblaciones juveniles construían sus biografías.

[3] Sin lugar a dudas comparto las reflexiones y posicionamientos en torno a que el concepto de “pandillero” se ha utilizado de manera acrítica por las visiones gubernamentales más punitivas para castigar y vigilar expresiones particulares de grupos juveniles.

[4] Por estructuras adecuadas se entienden las sinergias, el diálogo, la corresponsabilidad, la concertación y la cooperación que se deben generar entre diferentes actores y sectores basados en una lógica de horizontalidad para el diseño e implementación de una política pública de juventud.

[5] Información recabada el 09 de agosto del 2020 de la plataforma digital del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.

1ro de mayo y Derechos Humanos Laborales #MaquilandoElCambio

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1ro de mayo, Día del Trabajo, derechos humanos laborales, Fondo Semillas

En el marco de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del COVID-19, hoy más que nunca se hace necesaria la organización y lucha de las y los trabajadores para reivindicar y defender nuestros Derechos Humanos Laborales, que en no pocos casos, están siendo violentados, minimizados o desaparecidos.

En el caso de la industria textil maquilera de la región de Tepeji del Rio – Atotonilco de Tula, hemos observado que los derechos humanos laborales son casi inexistentes, tanto en la gran industria como en las maquilas artesanales. Este aspecto se intensifica en la población juvenil, ya que al no contar con experiencia, formación y conocimiento de sus derechos, es facilmente explotada laboralmente.

Por tal motivo, de la mano con Fondo Semillas, seguimos trabajando con mujeres de la maquila de la región Tepeji del Rio – Atotonilco de Tula para impulsar procesos organizativos liderados por mujeres trabajadoras jóvenes que impulsen los derechos humanos laborales en la región.

#MaquilandoElCambio

Sobre el contexto de la industria textil en la zona Tepeji del Rio – Atotonilco de Tula, Hidalgo

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derechos humanos laborales

El modelo neoliberal implementado a nivel mundial a partir de la década de los años setenta del siglo pasado tuvo como uno de sus objetivos principales, el debilitar las instituciones y conquistas obreras que por años fueron construidas por la clase trabajadora. Para conseguir lo anterior, se ensayaron en diferentes contextos y latitudes, estrategias diversas, algunas tersas, en tanto que otras, utilizando la violencia, implantaron de igual manera, los lineamientos del gran capital, entre los que destacaron una reconfiguración de la actividad productiva así como una renovada división internacional del trabajo, con lo cual se instaló, en la mayoría de los países del mundo, regímenes políticos sui generis, orientados a facilitar por todos los medios la acumulación y reproducción ampliada del capital.

En este contexto, los derechos humanos de las personas aún y cuando en la retórica gubernamental comenzaron a tener presencia, principalmente los contemplados en la definición de primera generación, el resto, particularmente los económicos y sociales, comenzaron a verse minados, restringidos, debilitados, pongamos por ejemplo el derecho a la seguridad social, el cual, debido a los recortes presupuestales fue siendo ofrecido a cada vez menos personas trabajadoras, o bien las prestaciones de aguinaldo, acceso a vivienda o el mismo salario digno.

Así, en el marco de la implantación del modelo neoliberal que dentro de los cambios y transformaciones que implantó tanto a nivel estructural y de agentes, trajo consigo también, una paradoja en términos de acceso a derechos humanos, se puede observar una constante y continua restricción de derechos humanos laborales, la cual va ligada, de manera directa e inmoral a una ampliación de la superexplotación del trabajo en todas los sectores productivos del país.

Para reforzar y contextualizar lo anterior dos ejemplos serán suficientes: (1) el salario mínimo en México en 30 años (periodo que duró la etapa neoliberal dura) perdió el 70% de su poder de compra, esto ocasionó empobrecimiento y desintegración familiar, así como concentración de la riqueza en una pequeña élite económica; (2) dada la puesta en marcha a raja tabla de la política dictada por el Consenso de Washington, al cada vez más achicamiento del Estado y a la instauración del capitalismo de compadrazgo que beneficiaba a ciertas élites políticas-económicas y empresas, se fue incrementando la economía informal, la cual aún y cuando es una estrategia para acceder a recursos económicos y cubrir las necesidades inmediatas de las familias, se ha vuelto un problema para el ejercicio y acceso a los derechos humanos laborales, no hay que olvidar que para el año 2018 el INEGI reportó que el 56% de las personas empleadas se encontraban en condiciones de informalidad laboral.

En esta tesitura es que desde hace varios años y varios frentes se han venido impulsando estrategias colectivas para reivindicar, defender y promover los derechos humanos laborales, así, encontramos organizaciones civiles, colectivos, grupos o personas en lo individual de sectores como la agricultura, la construcción, el trabajo en el hogar, la costura y confección, la electrónica, la telemercadotecnia, entre otras, que están impulsando procesos organizativos e institucionales de clase, para reconfigurar la idea del trabajo y por supuesto de los derechos humanos laborales, cuestión no menor en un contexto en dónde la parte patronal ha tenido un control no sólo de sus empresas, sino también de las agencias gubernamentales encargadas de la defensa y promoción del tema laboral.

Enmarcado en esta lógica de promoción de derechos humanos laborales y de construcción de procesos organizativos de mujeres trabajadoras para la defensa de sus derechos humanos laborales y de cuestionamiento al capitalismo neoliberal y al patriarcado laboral , es que se pensó el proyecto de intervención «Derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras de la Maquila», el cual se implementó en la región Tepeji del Rio – Atotonilco de Tula, espacio geográfico con una presencia fuerte de maquila textil principalmente, pero con una ausencia importante de organizaciones civiles, de base y obreras que fomenten el conocimiento y defensa de los derechos humanos laborales.

Así, la intervención tuvo como actrices específicas a mujeres trabajadoras de la maquila, poniendo especial atención con mujeres jóvenes. El método de trabajo para realizar los análisis que aquí se presentan se sustentó, principalmente en un análisis de las desigualdades y carencias que enfrentan las mujeres trabajadoras de la región para construir sus biografías; para recuperar los testimonios de mujeres trabajadoras en las maquilas textiles que tienen presencia en la región en comento se recurrió a la técnica de investigación de la entrevista.

Aquí resulta importante destacar la descripción a grandes rasgos del tipo de empresas maquileras que existen en la región: la gran empresa maquilera y la maquila artesanal,  ya que al ubicar la presencia de ambos tipos de industria maquilera estuvimos en la posibilidad de conocer, explicar y detallar la organización productiva, el tamaño, las condiciones laborales que se ofertan en ambos tipos de unidades productivas y el rol que tienen las mujeres en dichos espacios productivos.

La gran empresa maquilera, también llamada por Solís (2013) empresas globales relocalizadas, son aquellas unidades productivas que tienen una vinculación e integración directa con las cadenas productivas y de consumos globales de los productos, se encuentran instaladas en territorios precarizados para ahorrar costos de producción derivado de varios factores y por lo regular, aún y cuando se ajustan a la normatividad laboral, precarizan el trabajo así como los derecho humanos laborales. Este tipo de empresas tienen una plantilla laboral amplia, segmentada por puestos funcionales determinados por competencias puntuales y específicas, sus líneas de producción generan una cantidad considerable de productos, que la mayoría de las veces se dirigen a mercados internacionales, se ajustan siempre a los lineamientos marcados por las normatividades laborales, no obstante en no pocos casos, implementan estrategias administrativas para liberarse de las mismas y así ahorrar costos, no importa si sacrifican calidad en sus productos o derechos de su plantilla laboral.

Por otro lado en la región Tepeji del Rio – Atotonilco de Tula también se pueden rastrear, en un número considerable, aquellas unidades productivas aquí llamadas maquilas artesanales, estos espacios laborales tienen características específicas totalmente diferentes a las que describen la gran industria y es que, en algunas maquilas de este tipo, su naturaleza y organización interna determinadas por la solidaridad y compañerismo las orientan más en una lógica de empresa familiar.

Por lo regular estás unidades productivas operan en la informalidad, más no en la clandestinidad, son conocidas por todos los habitantes de las colonias en donde se encuentran instaladas ya que representan, en muchos casos, la única fuente de empleo cercano. Al estar fuera de la formalidad que marcan las normatividades laborales, en la mayoría de estas maquilas artesanales, los trabajadores no pueden ejercer sus derechos humanos laborales, ya que al momento de tratar de demandarlos y exigirlos, y dado que no existe una representación obrera, el trabajador es despedido inmediatamente. Otra característica particular de este tipo de maquilas artesanales es que le trabajan a un contratista externo, pudiendo ser un coyote o una persona directa de la gran empresa maquilera, quienes, en ambos casos, al utilizar diferentes estrategias administrativas para imponer sus necesidades, ocasionan que se intensifique la explotación de los cuerpos trabajadores para cumplir con las exigencias del mercado de productos.

En este contexto es donde se llevó a cabo la presente intervención, la cual, como se ha indicado líneas arriba, buscó impulsar procesos organizativos con mujeres trabajadoras de la maquila. Aquí resulta pertinente enunciar que por proceso organizativo entendemos el conjunto de actividades autoreferenciadas, continuas y permanentes que le permiten a un colectivo o grupo de personas fortalecer sus lazos comunicativos y comunitarios  con miras a concretar un proyecto en común dentro de un espacio determinado, con esta definición presente, estamos en la posibilidad de realizar una autoevaluación del trabajo llevado a cabo, lo cual nos permite identificar oportunidades de mejora en el marco del acompañamiento de largo plazo que se busca impulsar en la región.

El presente informe final de actividades se encuentra dividido en dos grandes partes, las cuales se alimentan y complementan mutuamente, la primera está enfocada a describir el contexto estructural de la región en donde se implementó la intervención, aquí se identifican las limitantes y carencias que enfrentan las mujeres a nivel estructural, las cuales nos permiten comprender los procesos de desigualdad e injusticia sobre los cuales las mujeres construyen su identidad;  en tanto que la segunda parte se enfoca en un análisis de corte sociocultural de la situación que guardan los derechos humanos laborales de las mujeres trabajadoras de la maquila en la región Tepeji del Rio – Atotonilco de Tula en el Estado de Hidalgo.

Para este proyecto, los derechos humanos laborales son el resultado histórico de la lucha y organización colectiva de las personas trabajadoras, tienen como propósito posibilitar condiciones mínimas para un clima favorable en el trabajo. Estos derechos se han constituido como garantías mínimas y universales para todas las personas trabajadoras, con el principal objetivo de regular la relación obrera/patronal a través de leyes y mecanismos nacionales y tratados internacionales que garanticen su cumplimiento.

#2deOctubreNoSeOlvida #NuncaMas

Hoy más que nunca se requiere recordar y conmemorar la lucha y las vidas de cientos de mujeres y hombres, muchos jóvenes e infantes que fueron masacrados por el ejercito mexicano. Nunca más gobiernos ciegos y sordos antes las demandas de justicia.

A 50 años de la masacre, #2deOctubreNoSeOlvida

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Jóvenes y gobierno: un reto para regenerar el país

La coyuntura actual que vivimos en el país, es oportuna para volver a colocar el asunto y reflexionar sobre las condiciones estructurales en las que se desenvuelven las poblaciones juveniles en México. Las elecciones del mes de julio pasado han movido, alterado, impactado, sacudido, significativamente a la estructura de poder que, aún y cuando había enfrentado una alternancia política hace diez y ocho años, no había presenciado un peligro real a sus líneas fundacionales, las cuales se sustentan sobre la exclusión y discriminación de amplias franjas de la población en beneficio de un pequeño grupo de familias que por años se habían servido, por un lado, del uso discrecional del poder político y por otro de su cercanía con quienes controlaban económicamente las instituciones estatales.

En este marco de cisma estructural, uno de los asuntos de mayor urgencia que es fundamental colocar, de nuevo, en la agenda pública del próximo gobierno, es la atención integral a las demandas y exigencias de las poblaciones juveniles, ya que más allá del excelso eslogan “becarios si, sicarios no”[1], la realidad que enfrentan las y los jóvenes en México es aún más complicada y requiere de una atención profunda, lo cual está directamente relacionada a la refundación de las instituciones públicas, que por años han concebido a las generaciones jóvenes como grupos etarios que requieren ser disciplinados, observados y controlados para moldear sus conductas en aras de construir un futuro que, dada las condiciones actuales, se muestra complicado por la precarización de la vida que impacta a los grupos poblacionales que no están dentro del campo social del privilegio, la bonanza y la ostentación en México.

La desatención de las administraciones públicas y de los capitales económicos hacia las poblaciones juveniles se puede observar y contabilizar en los miles de jóvenes participantes en bandas del crimen organizado, quienes al no encontrar ofertas laborales o educativas para cubrir sus expectativas de vida han tenido que ofrecer su mano de obra al poder paralegal del narcotráfico, el tráfico o la trata de personas.

Este abandono de la esfera económica y estatal hacia las poblaciones juveniles también se atisba en los miles de jóvenes víctimas de la violencia que ha azotado al país en los últimos dos sexenios. Datos cuantitativos de investigaciones recientes muestran que cuatro de cada diez víctimas de homicidio en México son personas que tenían menos de treinta años[2], sumado a lo anterior, hay que contabilizar a las y los jóvenes que han sido víctimas mortales de acciones que instituciones del Estado mexicano han llevado a cabo, pensemos en los estudiantes de la Escuela Normal rural de Ayotzinapa que gracias a la intervención de policía y ejército ahora están en calidad de desaparecido, o en la ejecución extrajudicial sucedida en el municipio de Tlatlaya, Estado de México en donde el ejército mexicano asesino a varias personas, entre estas a varios jóvenes.

Aunado a lo anterior, la dejadez gubernamental y de los capitales privados es evidente en el consentimiento y ocultamiento de las prácticas de explotación y precarización laboral que miles de jóvenes tienen que soportar a diario, en los trabajos donde se desempeñan. Cómo bien lo ha documentado diversas investigaciones al respecto, la mayoría de los empleos a los que actualmente acceden las poblaciones juveniles se caracterizan por tener una nula protección laboral, además de que son empleos que incumplen todas las normatividades nacionales e internacionales orientadas a impulsar trabajos dignos y decente. En este marco es oportuno pensar en las y los trabajadores jóvenes de las maquilas, quienes laboran más de diez horas en condiciones de trabajo físicas y ambientales inadecuadas, también es oportuno pensar en las y los trabajadores jóvenes agrícolas temporales (jornaleros jóvenes), a quienes se les paga una retribución irrisoria por la siembra, cosecha o recolección de algún cultivo, o pensemos en los miles de jóvenes empleados en la industria del call center,  quienes tienen que levantar el teléfono de manera mecánica y robotizada para recibir insultos y quejas por los malos productos de las empresas que contratan los servicios del calling.

El desinterés hacia las poblaciones juveniles de parte de las administraciones públicas y de los capitales, que controlan y mueven los quehaceres políticos, también se muestra en las cifras de miles de mujeres jóvenes que han sufrido violencia feminicida a lo largo y ancho del país. El feminicidio, práctica deleznable orientada a generar la muerte violenta de mujeres por razones de género, ha encontrado en las mujeres jóvenes a sus víctimas más recurrentes. En términos cuantitativos, investigaciones han destacado que estructural e históricamente, del total de feminicidios registrados, la mitad corresponde a mujeres jóvenes de entre los 15 a 34 años[3], a las cuales se les somete y arrebata su vida con saña, crueldad y brutalidad.

Por otro lado, el olvido de las estructuras de poder hacia las poblaciones juveniles también se puede observar en los procesos de cancelación de oportunidades educativas que por décadas han enfrentado las y los jóvenes. Para nadie es una sorpresa que los presupuestos destinados a crear y mejorar la infraestructura educativa para nivel medio superior y superior quedaron en el abandono. Lo anterior genero dos procesos preocupantes: por un lado se truncaron trayectorias educativas y por supuesto, de vida, de miles de jóvenes que no pudieron ingresar a una Universidad pública por la falta de “lugares” para recibirlos; por el otro lado, esta situación permitió que se presenciara un boom de ofertas educativas desde instituciones privadas, las cuales, en la mayoría de los casos, ofertan una educación de muy baja calidad, que a final de cuentas se traduce en una preparación ineficiente y poco adecuada para enfrentar las exigencias de las disciplinas para las cuales se “formaron” las y los jóvenes.

Para ilustrar lo anterior algunos datos serán suficientes: en el último ejercicio académico de selección para incorporarse a la UNAM del total de personas candidatas a ingresar a nivel licenciatura sólo lo consiguieron el 9.3%[4]; el caso del IPN fue algo similar ya que del total de personas aspirantes quedaron fuera más del 73% de las mismas; en la UAM la tendencia estadística indica que 8 de cada 10 personas aspirantes son rechazadas.

Vistas estás cifras, la reflexión necesaria es preguntarnos ¿a dónde van las y los jóvenes que no logran ingresar a Universidades Públicas?, quienes tienen suerte se insertan en algunas de las Universidades maquiladoras de títulos, las cuales ofertan carreras que no requieren una fuerte inversión para la institución, pero que además son carreras que viven un problema de saturación evidente[5]; quienes no tienen suerte inician sus trayectorias laborales y algunos otros, seguramente, inician itinerarios en la paralegalidad que, en el corto o mediano plazo, les llevará a ser un número más de las estadísticas oficiales de criminales abatidos.

Un último aspecto que permite observar otra cara de la dejadez gubernamental y de los capitales privados que siempre se muestras “preocupados” por las poblaciones juveniles, es el cada vez más recurrente hecho de desapariciones forzadas que se viven en el país, y que organizaciones no gubernamentales y mecanismos especiales de la ONU han documentado y evidenciado. A modo de ejemplo, datos del secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública evidenciaron que de entre los años 2007 y 2018 las personas reportadas como desaparecidas que oscilaban entre las edades de 15 a 24 años eran una de cada tres.

Las experiencias de desatención a las poblaciones juveniles recuperadas[6], por parte de gobiernos y  capitales privados en los últimos años, nos permiten mostrar cómo se ha institucionalizado de manera estructurar e histórica el proceso de juvenicidio, el cual, siguiendo a Valenzuela, posee un conjunto de elementos constitutivos que precariza la vida de las y los jóvenes y los coloca en condiciones de vulnerabilidad económica y social frente a otras capas poblaciones de la sociedad.

En este marco, y frente a la propuesta desde la ONU para impulsar espacios seguros para las juventudes[7], es fundamental que el próximo gobierno, emanado de unas elecciones paradigmáticas en la vida pública política de México[8], atienda de manera integral a las poblaciones juveniles, integrando en todas las políticas públicas que genere, de manera transversal, la perspectiva de género y juventudes que permitan posicionar las demandas y exigencias juveniles para fortalecer las trayectorias e itinerarios de vida particular y colectiva que por décadas le han sido negadas a las y los jóvenes.

Soc. Víctor Daniel García García

[1] Slogan fundamental de la Coalición Juntos Haremos Historia (MORENA, PT, PES) dirigida a las poblaciones juveniles.

[2] ¿Quiénes son los muertos en el sexenio de Peña? Los jóvenes, la mayoría hombres, menores de 30. http://www.sinembargo.mx/01-08-2018/3450091

[3] Ver documento La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. SEGOB, INMUJERES, ONU-MUJERES, 2017.

[4] En este porcentaje sólo refiere a las personas aceptadas del concurso de selección.

[5] Para este año 2018, y ante la demanda cada vez más alta de espacios en la Universidad pública, la SEP habilitó el sitio web http://www.unlugarparati.mx/, en donde las personas rechazadas pueden buscar opciones de educación en instituciones privadas “con programas académicos y opciones educativas de calidad”.

[6] Otras experiencias de primera importancia que evidencian la desatención a las poblaciones juveniles son: el olvido a las juventudes rurales; la poca atención a las poblaciones juveniles de la comunidad LGBTTTIQ, entre otras.

[7] En el marco del Día Internacional de la Juventud 2018, la ONU está impulsando la puesta en marcha de espacios seguros para la juventud que propicien su desarrollo físico, emocional, político, cívico y social en condiciones adecuadas y seguras. http://www.un.org/es/events/youthday/

[8] El candidato ganador en estas elecciones, Andrés Manuel López Obrador obtuvo el triunfo con más de 30 millones de votos. En este marco, se estima que del total del voto juvenil, AMLO obtuvo, cuando menos, el respaldo del 45% de la población etaria ubicada entre los 18 y 25 años.

Observación Electoral Juvenil. Proceso electoral 2018

El Colectivo Juventud entre Tules A.C. (COJETAC) es una asociación civil legalmente constituida que trabaja con poblaciones juveniles desde el año 2009. Nuestro trabajo se enfoca en el diseño e implementación de proyectos de participación social con enfoque de género, juventudes y derechos humanos.

Hemos tenido la oportunidad de trabajar con miles de jóvenes en temas como derechos humanos de las mujeres y jóvenes, empoderamiento juvenil, género y nuevas masculinidades, emprendimiento juvenil, mejora del ambiente escolar, desarrollo de habilidades socioemocionales, entre otras temáticas.

En esta ocasión, te escribimos para hacerte una invitación a un proyecto que vamos a impulsar. Cómo bien sabes, este año se llevará a cabo en nuestro hermoso país, la elección para elegir y renovar diferentes cargos públicos, para lo cual, queremos promover una propuesta de observación electoral donde las personas que realicen e implementen este ejercicio sean mujeres y hombres jóvenes.

Buscamos construir, de manera grupal y colectiva, una participación activa de jóvenes en el proceso electoral, que nos permita generar un reporte de observación electoral en donde se plasmen las miradas, impresiones, conclusiones, sugerencias, opiniones e ideas que mujeres y hombres jóvenes hayamos observado en el proceso electoral.

Operativamente estamos pensando que cada persona interesada en participar en este proyecto lo pueda hacer en su localidad, lo más cercano posible a su casa, lo cual no implique gastos de traslados o de otro tipo, sino que en sus actividades diarias y cotidianas pueda ir observando, registrando y compartiendo lo que percibe, escucha, siente, interpreta relacionado al proceso electoral.

No obstante lo anterior, también queremos que las personas jóvenes observadoras electorales estén reconocidas por el Instituto Nacional Electoral y por los sujetos políticos participantes en este proceso. Por tal motivo queremos pedirles hagan su registro como Observador(a) Electoral ante la Junta Distrital Electoral más cercana a su domicilio y nos compartan sus respectivos acuses de registro para seguir construyendo de manera colectiva esta idea.

Aquí te compartimos la página donde encontrarás toda la información necesaria:

https://centralelectoral.ine.mx/2017/09/08/quieres-ser-observador-u-observadora-electoral-en-las-elecciones2018/

Si tienes alguna duda o pregunta comunícate con nosotras para charlar al respecto. cojetac@hotmail.com

Esperamos que sea de tu interés participar con nosotras, por lo pronto te mandamos un saludo, en tanto tenemos noticias tuyas.

Observación Electoral Juvenil 2018 -PDF-

Tultitlán, Estado de México, 20 de marzo del 2018

Los desafíos de ser mujer y ser joven en los mercados laborales.

Hoy en día, a pesar de discursos pragmáticos y cortos de miras, dentro del marco de los mercados laborales, ser joven y ser mujer son condiciones que delinean una serie de desafíos mayores a los que enfrentan los hombres jóvenes.

Ser mujer y ser joven son condiciones que complejizan y dificultan los procesos de transición escuela-trabajo y familia-trabajo, esto, principalmente porque estas dos condiciones estructurales que se asocian, están directamente vinculadas con procesos históricos de discriminación y exclusión.

En cuanto a los mercados laborales, estos siguen estando pensados, estructurados y organizados desde una visión patriarcal y adultocéntrica, por lo mismo, las mujeres jóvenes enfrentan procesos de violencias laborales que estructuran e imponen dinámicas de desvalorización y minimización de los aportes que las mujeres jóvenes trabajadoras generan y colocan en mercados de trabajo.

Estos procesos que impactan de manera negativa, principalmente en las trayectorias laborales de las mujeres jóvenes ocasionan, entre otras cosas: -salarios inferiores por el mismo trabajo realizado en comparación con el salario recibido por hombres; -desvalorización de sus aportes en el desarrollo y crecimiento de las organizaciones en donde colaboran; -ausencia de mecanismos a través de los cuales puedan acceder a posiciones de toma de decisión y liderazgo; -limitantes para acceder a los mercados laborales formales, los cuales se fundamentan sobre mandatos culturales tradicionales más que sobre aspectos técnicos y de competencias reales, con las que cuentan las mujeres jóvenes.

Con base en lo anterior, a nadie sorprende que varios indicadores cuantitativos evidencien las brechas que existen entre mujeres y hombres jóvenes:

• hoy en día las mujeres jóvenes que están en situación de no estudiar y no trabajar representan el 30% del total de mujeres jóvenes;
• en cuando a las diferencias de remuneración, las mujeres jóvenes ganan 22% menos que los hombres, o en otras palabras, ganan el 77.1% de lo que ganan los hombres por el mismo trabajo;
• en cuanto al empleo informal, del total de la PEA femenina, el 60% de las mujeres jóvenes están en esta condición, lo cual implica que no tienen acceso a ningún tipo de seguridad social y por supuesto se vuelven factores que impactan en el aumento de la feminización de la pobreza.

Datos podrían seguir enlistándose, por eso la importancia no sólo de trabajar en favor de las mujeres, sino en tener la capacidad de abrir la estreches de miras y poner atención a una de las franjas poblacionales que por su condición etaria, suma procesos de exclusión, discriminación y violencias en términos estructurales e históricos..

Sonia Salazar Pérez

Víctor Daniel García García

Evaluación de políticas públicas juveniles en tres municipios del Estado de México (2013-2015)

En este trabajo expongo los resultados de una evaluación a políticas públicas en materia de juventud llevada a cabo en tres municipios del Estado de México. En la evaluación se trabajaron las dimensiones informativa y argumentativa de la rendición de cuentas gubernamental. Sobre tres unidades de análisis, a través del método comparado, analicé cinco variables claves en torno a las políticas públicas municipales juveniles:

1) presupuesto anual destinado a política públicas de juventud;

2) beneficiarios anuales de las políticas públicas;

3) tipo de política(s);

4) enfoque de la(s) política(s);

5) corresponsabilidad.

Los resultados conseguidos indican que en los municipios bajo estudio no se implementaron políticas públicas juveniles integrales, sino solamente se llevaron a cabo acciones públicas desarticuladas, inconexas, desorganizadas y eventuales.

Documento Completo -PDF-

http://revistaumanizales.cinde.org.co/index.php/Revista-Latinoamericana/article/view/2971